martes, 1 de noviembre de 2011

Alcalde ayacuchano capturado con arma sin licencia será vacado y encarcelado

Su objetivo sería presionar a víctimas y testigos para que no declaren en proceso contra su hermano

  • Viajaba a Nasca donde se realiza juicio oral



  • * Ya estuvo preso y estaba bajo libertad condicional. Así gestionaba municipalidad

    Las víctimas y testigos de un juicio contra Alejandro Miranda Díaz, líder de la minería informal en Ayacucho quien secuestró y flageló policías en el 2008, están atemorizados, ya que el hermano de éste, el alcalde de Lampa, provincia Pàucar del Sara Sara, Francisco Gutiérrez Díaz fue sorprendido ayer en Puquio por la PNP con un arma sin licencia cuando se dirigía a Nasca (jurisdicción judicial), ciudad donde se realiza la audiencia oral.
    Las víctimas y sus abogados están convocados para el miércoles 2 de noviembre, junto a los agresores, a las 11 am en el Palacio de Justicia de Nasca.
    Por su parte, el alcalde capturado en un bus interprovincial, tenía un proceso judicial por delito de Peculado en agravio de la municipalidad distrital de Lampa, por ello el titular del Juzgado Mixto de Pausa le abrió instrucción con mandato de detención lo cual se hizo efectivo y se le internó en el penal de Cachiche (Ica) en el 2010; no obstante, por extraña razón salió libre con libertad condicional y retomó la gestión municipal.
    Con el nuevo delito cometido contra la seguridad pública –ya que portaba una pistola sin licencia, calibre 38 con cuatro municiones- Francisco Gutiérrez será revocado en su libertad pues infringió las normas de conducta, además será vacado de su cargo edil de acuerdo a las normas que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
     
    El sujeto permanece en la Comisaría de Puquio mientras espera las diligencias de ley.
    Mientras tanto, en Nasca ha crecido el temor entre las víctimas de Alejandro Miranda Díaz, hermano de Gutierrez Díaz, ya que aquel lideró con otros acusados la toma de una Comisaría en el año 2008 con el secuestro de policías y civiles a los cuales flagelaron, ya que consideraban que eran un obstáculo para sus ilegales acciones de extracción de oro en Colta. El fiscal de Nasca ha pedido 30 años de prisión para los acusados razón por la cual se presume que existen mecanismos de amedrentamiento contra las víctimas.
    Este proceso genera dudas sobre su transparencia ya que la Sala Penal de Nasca, integrada por los vocales Miguel Ángel Saavedra Parra, Raúl Cuadros Pantigoso, y Eulogio Cáceres Monzón, aceptó como abogado de Miranda Díaz y de los otros 27 acusados, a un ex Vocal de la misma Sala que ya había procesado a los mismos acusados en este juicio. Ante ello, el abogado de los agraviados, Andrés Coello presentó una recusación ante la OCMA, pero sólo renunció el ex vocal Miguel Herrera Hernández como abogado, y se cambió un vocal de la Sala (salió Raúl Cuadros y entró Elmer Salas Miranda).
    El hecho es que la Sala continúa con los dos anteriores vocales y el nuevo incorporado ya trabajó con el ex vocal cuestionado Miguel Herrera, razones suficientes para que toda la Sala sea revocada, pero se resisten a salir, cabe la pregunta ¿Por qué?
    Ahora, con la captura del alcalde Gutiérrez Díaz, portando un arma sin licencia, se teme que los mineros informales estén apelando a su poderío económico y violento para salir libres o con penas benéficas que disuelvan finalmente el delito cometido, además esto confirmaría el carácter violento de los hermanos Alejandro y Francisco, ambos ahora procesados por graves delitos.

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